PLANTA REGASIFICADORA CORRUPCIÓN AZUL

La planta regasificadora Costa Azul ubicada en Ensenada, Baja California comenzó sus operaciones con toda una serie de irregularidades en las que se encuentran involucrados funcionarios públicos de alto nivel, dicho de otra manera, funcionarios federales, estatales y municipales panistas avalaron la construcción de la planta Costa Azul que a su vez pertenece a la firma trasnacional Sempra Energy, una de las empresas norteamericanas más importantes.

Rodolfo Michelon, quien fungió como contralor de la trasnacional antes de iniciar sus operaciones, denunció ante los medios de comunicación y ante la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en ingles) toda una serie de complicidades entre servidores públicos del gobierno federal y Sempra Energy. En consecuencia, Michelon fue despedido de la empresa por señalar las anomalías del caso.

El 28 de agosto de 2008, Felipe Calderón en su figura de Presidente de la República, acompañado de Donald E. Felsinger, presidente de Sempra Energy, acudió al municipio bajacaliforniano de Ensenada para inaugurar La Terminal de Gas Natural Licuado Energía Costa Azul S. de R.L. de C.V., cabe destacar que el propio Felipe Calderón en sus ocho meses como secretario de Energía durante el gobierno de Vicente Fox, dio luz verde para la construcción de la planta en un sitio que registra uso de suelo únicamente turístico y ecológico, es decir, la legislación mexicana prohíbe estrictamente la construcción y operación de tales complejos industriales en esa zona.

A pesar de las reacciones en contra manifestadas por la población y de las opiniones y recomendaciones de grupos ambientalistas, Felipe Calderón avaló la puesta en marcha del millonario proyecto empresarial que ha registrado severos daños al ecosistema acuático con la construcción de diques, muelles y rompeolas de 640 metros de altura. El enfriamiento de las aguas y la alta concentración de cloro generaron serios trastornos a la flora y fauna en el fondo del mar.

En los últimos diez años, Sempra Energy se benefició con jugosos contratos multimillonarios firmados con la Comisión Federal de Electricidad valuados en más de 20 mil millones de pesos para el suministro de gas natural a las plantas generadoras de energía eléctrica en el estado.

La trasnacional se benefició de una desincorporación de 5 mil 665 metros cuadrados de mar territorial mexicano en el año 2010. Debido a las denuncias presentadas y las obviedades en el caso plagado de irregularidades, autoridades de los Estados Unidos iniciaron un proceso de investigación en contra de la firma trasnacional por claras pruebas de soborno hacia funcionarios mexicanos y por orquestar falsos casos contra ciudadanos para despojarlos de sus tierras que son de uso estratégico para Sempra Energy.

En una comparecencia ante legisladores, Juan Rafael Elvira Quesada, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cuestionado por las anomalías de la planta regasificadora, el funcionario de la administración calderonista manifestó que la trasnacional cumple a cabalidad con el marco legal mexicano por lo que dicha planta podía continuar operando. Más tarde, en un informe detallado reconoció los problemas ambientales producidos en el litoral de Ensenada por la empresa norteamericana y la violación del Programa de Ordenamiento Ecológico, Marino y Regional del Pacífico Norte redactado por la propia Semarnat.

En febrero pasado, la Comisión Permanente del Congreso solicitó a la Semarnat al Congreso local de Baja California y al municipio de Ensenada tomar acciones para cancelar el permiso de construcción y operación otorgado a la trasnacional para contener el tremendo daño ecológico en las playas del Rosarito y Ensenada. Luego entontes, el Congreso local emitió un dictamen y el municipio de Ensenada clausuró las instalaciones de la planta regasificadora, asegurando el lugar con policías municipales; sin embargo, un grupo de militares se presentó en el complejo industrial para “resguardar las instalaciones.

El uso del Ejército Mexicano para salvaguardar intereses económicos extranjeros representó un hecho histórico sin precedentes, ya que nunca se habían empleado las fuerzas armadas para favorecer intereses mezquinos de una trasnacional.

En una visita realizada a la planta por una comisión de legisladores de la Cámara de Diputados, se impidió el acceso a medios de comunicación a pesar de haberse establecido un acuerdo para transparentar las indagaciones y dar a conocer a la sociedad mexicana la situación que priva en la regasificadora. De esta manera, se puso al descubierto el despotismo, la corrupción, opacidad y degradación ambiental con la que opera la firma.

La situación jurídica de la empresa continua en litigio después de que el ayuntamiento de Ensenada acordara en sesión de cabildo la clausura de la trasnacional, veremos si las instancias correspondientes de justicia responden a nuestra legislación vigente y al bien de la nación.

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