El voto como derecho y como deber

En la actualidad, el voto es la columna vertebral en cualquier sistema electoral y en América Latina no es la excepción. El sufragio se ha convertido en una regla en cualquier país que se jacte de ser democrático y del mismo modo de ir a la vanguardia desde el punto de vista político.

Partiendo de una perspectiva constitucional, el voto obligatorio es una norma común en el derecho electoral Latinoamericano, contando con dos excepciones: Colombia y Nicaragua. De igual forma existen algunas democracias europeas que han implementado el voto obligatorio en sus sistemas electorales, algunos ejemplos son: Luxemburgo y Bélgica; en éste sentido también hallamos a Australia, quien aplica la misma medida (sin embargo, no ahondaremos en ello).

Sin embargo, creemos que el carácter formativo que incide en el ciudadano a interesarse en los asuntos políticos y electorales debe ser inculcado desde que se es un elector en potencia, es decir, la obligatoriedad del voto debe estar influenciada por la educación y no por la coerción; si bien este “derecho de sufragio presenta a su vez como reverso su aspecto de obligación ciudadana, sobre cuyo ejercicio descansa la entera arquitectura del sistema democrático”[1], ésta coerción no debe estar fundamentada en leyes y sanciones sino en el derecho consuetudinario. Con esta afirmación se puede aseverar que “el objetivo fundamental del cumplimiento del deber de votar [formativo] es, sin duda, la de formar la voluntad política de una sociedad.” [2]

Es decir, existen a nuestra consideración un par de elementos o bien, instituciones, que deben tener injerencia en la generación desde la infancia de ésta mentalidad política en los individuos, con el fin de que exista una mayor responsabilidad en  los asuntos políticos, y como consecuencia, el sujeto se involucre en mayor sentido en éste tópico; éstos elementos son:  la familia y la educación, entendiendo a ambas como instituciones sólidas que se caracterizan por dotar de valores específicos para un mejor desarrollo social y una convivencia óptima que, independientemente de lo político son parte medular de la formación de cualquier persona.

Por ello, en nuestro país, estamos en contra de la instauración una sanción, en la carta magna y a favor de lo mismo en la conciencia de los electores en potencia ya que, primero se debe garantizar la eficacia de las instituciones pues parte del problema es que la ciudadanía no confía en las mismas.


[1] Extraído del texto: El voto obligatorio de FERNÁNDEZ, Baeza Mario. En: NOHLEN, Dieter y otros, Tratado de Derecho electoral, IIDH, Universidad de Friburgo, TRIFE, IFE, Fondo de Cultura Económica. 1998, pág. 123.

 

[2] Íbid.

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