En la Sierra de Zongolica, Veracruz tuvo lugar uno de los sucesos que exhibieron el grado de cinismo, impunidad y abuso de poder al que hemos llegado como país a causa de las acciones disparatadas en materia de seguridad por parte del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. En febrero de 2007, un campamento militar se instaló en la sierra veracruzana, cinco días después de aquél hecho, Ernestina Ascencio, indígena de 73 años de edad, fue violada brutalmente por elementos del Ejército mexicano, de acuerdo a las últimas palabras pronunciadas por Ernestina que fueron escuchadas por su hija Marta.
Alfredo Ascencio y Marta, sobrino e hija de Ernestina, manifestaron ante las autoridades el deplorable estado de salud en el cual fue encontrada la indígena entre tierra y musgo, sin embargo, tanto la Presidencia de la República como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se mostraron escépticos por las declaraciones de los familiares de la indígena septuagenaria. “Los soldados se me vinieron encima y me amarraron los pies y las manos”, fueron las últimas palabras que Ernestina le compartió a su hija.
De acuerdo a las primeras indagaciones sobre el caso de la indígena veracruzana, ésta presentaba moretones a la altura de los muslos y el informe inicial que emitió la ginecóloga que diagnóstico a Ernestina, registró lesiones graves y sangrado en genitales, así como lesiones internas producto de una violación vía anal. Si bien es cierto que las investigaciones del caso continuaron por autoridades federales, la fiscalía especial de la procuraduría veracruzana y la CNDH, lo cierto es que el dictamen final del órgano defensor de los Derechos Humanos, concluyó que la indígena falleció a causa de una “gastritis crónica no atendida”.
Juan Pablo Mendizábal, médico forense que realizó la primera necropsia a la mujer, fue removido de su cargo, después de 23 años de servicio, por “contaminar” las pruebas recogidas del cuerpo de la indígena que confirmaban que la anciana falleció por las brutalidades cometidas en su contra. Asimismo, meses posteriores, se realizó una exhumación al cadáver de Ernestina que revalidaron las acusaciones del delito de violación sexual.
Cabe señalar que, durante la investigación del caso se desecharon varias declaraciones de conocidos familiares y vecinos de Ernestina, debido a que se trataba de “testimonios de oídas” que no aportaban nada para los avances de las indagaciones. Así pues, el caso se cerró y fue archivado en los expedientes de la impunidad que caracterizan a este desgraciado país en materia de Seguridad y Derechos Humanos.
Debido al impacto nacional que provocó el caso de Ernestina Ascencio, el propio Felipe Calderón se refirió al tema ratificando lo ya expuesto por “la investigación” que dio por muerta a la indígena a causa de una gastritis crónica no atendida. La negación por parte de la administración calderonista de reconocer la violación perpetrada contra la anciana indígena se debió más que al encubrimiento de las Fuerzas Armadas a no querer reconocer los altísimos costos de su malograda política de seguridad, que quizá no debiéramos darle el calificativo de “estrategia”, debido a que no existe ninguna, sólo tímidas e insuficientes medidas de alguien que se lanzó como el borras a combatir a los criminales, sin antes coordinar a los tres niveles de gobierno y a los tres poderes que componen nuestra federación, lo cual muestra la incapacidad de lograr acuerdos.
Lo cierto es que, tal hecho demostró las insensibilidades y complicidades de un gobierno que toma decisiones unilaterales en materia de seguridad, como en muchos otros rubros de nuestra vida nacional. Sin duda, el gobierno de Felipe Calderón será recordado como uno de los sexenios más detestados de la Historia de México