Lo que nos dejó 2011.

El 2011 sin duda será un año que marque historia en México y que le recuerde a Calderón que este ha sido el año más violento, con mayor índice de violaciones en materia de derechos humanos de su sexenio (a reserva de lo que ocurra en 2012).

Durante este 2011, Felipe Calderón no realizó ningún compromiso expreso con respecto a la materia. Me atrevo a decir que es normal esta tendencia dentro de su administración, pues si hacemos memoria, todos los funcionarios de su actual gabinete carecen de conocimientos y experiencia en el tema de derechos humanos y trabajo con organizaciones civiles. Es por eso que la falta de apertura hacia las organizaciones da como resultados la escasez de dialogo y cooperación entre sociedad y gobierno.

El gobierno calderonista no ha promovido dicha cooperación, pues existen registros de constantes desapariciones, torturas y muertes de activistas y civiles que, sólo buscaban ser escuchados. En consecuencia, las acciones gubernamentales han ocasionado que la sociedad no confíe en las instituciones, generando, en resumidas cuentas, una alta dosis de ingobernabilidad.

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Cacería de Activistas en México.

México se ha convertido en un país “sumamente peligroso” para los activistas, en alerta tras los recientes ataques a defensores de Derechos Humanos, familiares de víctimas y miembros de organizaciones como el llamado Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, liderado por el poeta Javier Sicilia.

Según el escritor, en México se ha desatado “una cacería profunda de defensores de derechos humanos”.

En el último mes se han sucedido los ataques contra activistas: a Nepomuceno Moreno, quien buscaba a su hijo desaparecido, le quitaron la vida en Sonora a unas cuadras de las oficinas del gobierno; al líder comunitario Trinidad de la Cruz Crisóstomo le torturaron y mataron cuando se dirigía a un poblado comunitario en Michoacán en una de las caravanas del clic Movimiento por la Paz.

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México celebra con aumento en desapariciones, el día contra violencia de género.

Como siempre México hace gala de su tercermundismo democrático, demostrando que es uno de los países que peores condiciones tiene en cuanto a equidad de género se refiere, pero en general en materia de justicia y protección de los derechos humanos.

Bastaría sólo con hacer un cuadro comparativo de los indicadores de desarrollo humano entre países africanos y México para darse cuenta de que verdaderamente somos uno de los peores países en este rubro.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que aumentan las quejas por desaparición de mujeres, luego de recibir la denuncia de una mujer por la ausencia de su hija en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Precisó que el año pasado se recibieron 17 denuncias por desaparición de mujeres y con las que se han acumulado durante el presente año tiene abiertos 201 expedientes por esta causa, informó en un comunicado.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la CNDH aseguró que es deber de la sociedad prevenir conductas que afecten su bienestar y desarrollo.

Con este objetivo, la CNDH dio a conocer que elabora un diagnóstico sobre la situación del feminicidio y otros delitos de alto impacto contra mujeres en México.

Señaló que a través del programa de asuntos de la mujer y de igualdad de género se imparten cursos para sensibilizar a las autoridades para otorgar apoyo especial a las mujeres en su condición de víctimas del delito y la violencia.

El caso de la mujer que denunció la desaparición de su hija en Juárez es ilustrativo ya que según la quejosa en ninguna de las instancias de procuración de justicia a las que recurrió obtuvo una respuesta satisfactoria.

La mujer consideró que no ha sido atendida oportunamente en su calidad de víctima del delito, declaró ante el personal de la CNDH que la ayudó a realizar las gestiones para conocer el paradero de su hija.

Su caso fue incorporado al Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas No Identificadas (Sinpes), además de que la CNDH investigará probables violaciones a sus derechos humanos, puntualizó.

Esto es tan sólo una parte de la enorme masacre provocada por la estrategia fallida de Calderón, pero me pregunto si ¿en verdad no vamos a hacer nada contra ese criminal, dejaremos que se vaya y muera tranquilo en sábanas de seda con encaje de oro cómo los más famosos asesinos de la historia? Piénsenlo es algo importante.

Los Aguinaldos Millonarios de nuestros queridos funcionarios.

Como  todos sabemos en México reina la desigualdad en muy diversos sectores, y los privilegios de la burocracia, pero sobre todo de la alta burocracia son exorbitantes, sus sueldos son más altos que en muchos de los países más ricos del mundo, diametralmente opuesto a la calidad de sus acciones y a la ineficacia en la que voluntariamente mantienen a nuestro país para seguir chupando la sangre del presupuesto como vampiros carroñeros.

Por su puesto algunos funcionarios de la baja burocracia, así como trabajadores de cualquier rubro merecen por ley un buen aguinaldo, sin embargo, hay de aguinaldos a aguinaldos, por ejemplo, los de las secretarías de Estado, el IFE, San Lázaro, el Senado, Presidencia, SCJN, CNDH, ASF, Inegi, CJF o el TEPJF.

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La estrategia Ni Ni del PAN, Ni seguridad Ni derechos.

Luego de la lluvia de críticas a nivel a internacional que ocasionó la presentación del estudio “Ni seguridad Ni derechos” de la organización internacional Human Rights Watch, en que se afirma que la estrategia selectiva de combate al narcotráfico encierra tras de sí una serie muy grave de violaciones a los derechos humanos, tortura, desaparecidos, desplazados, ejecuciones extrajudiciales, la militarización del país y casi 60 mil muertes, el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, manifestó su respaldo total a la lucha de Felipe Calderón en contra del crimen organizado.

En  lugar de adoptar las medidas necesarias para reformar y fortalecer las deficientes instituciones de seguridad pública de México, Calderón decidió emplearlas para llevar adelante una guerra contra organizaciones delictivas, que ostentan cada vez mayor poder en el país.

Pero el calderonismo optó por la la vía de la violencia en una estrategia sangrienta y selectiva para reafirmar sus posiciones político-electorales en el país.

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Activistas de derechos humanos blanco preferido de narcoguerra

La militarización de la seguridad pública ha resultado ser un factor perjudicial en la labor de los defensores de derechos humanos. Ante el aumento de la inseguridad y las actividades de la delincuencia organizada, el gobierno federal diseñó una estrategia de combate, basada en la militarización de la seguridad pública. Tal decisión ha sido cuestionada por distintos sectores de la sociedad debido a que la violencia se ha incrementado en toda la república.

En lo que va del sexenio de Felipe Calderón, los defensores de derechos humanos han padecido entre 128 y 326 agresiones; 22 de éstas terminaron violentamente con sus vidas. Entre las más graves también se cuentan 17 detenciones-desapariciones, revela un diagnóstico que en breve harán público la CDHDF y 10 organizaciones civiles. El 98.5 por ciento de los casos están impunes, alerta el análisis. Agentes del Estado, grupos armados, empresas privadas, jerarquías eclesiásticas, entre los agresores.

Los defensores de derechos humanos en México han sufrido, al menos, 128 eventos de presuntas agresiones en lo que va de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, descubre un informe conjunto de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y 10 organizaciones civiles, entregado a Contralínea por sus autores. Del mismo estudio se desprende que la cifra de casos podría alcanzar los 326. Entre los Leer más de esta entrada

Activistas de derechos humanos son detenidos por militares por unas horas

El fraile Tomás González Castillo, activista de derechos humanos de migrantes en Chiapas, y Rubén Figueroa, integrante de Amnistía Internacional (AI)  fueron detenidos por militares en Tabasco, luego de que asistieron a un mitin organizado por la Caravana por la Paz en Veracruz, informó este domingo en conferencia de prensa Javier Sicilia, activista y fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

“La detención de fray Tomás, defensor de los derechos humanos que estuvo con nosotros en el templete antes de que yo hablara, que ya ha tenido amenazas él, fue detenido por militares”, dijo Sicilia.

“Y la versión que manejaron, que hubo golpes, que dieron de bofetones a unos de sus acompañantes, a un defensor de derechos humanos y después el Ejército maneja que venía en estado de ebriedad y cosas que no son. Venía con acompañantes defensores de los derechos humanos y se iba a Tenosique, su lugar de origen, después de haber estado con nosotros”.

Amnistía Internacional explicó que se encontraban en un automóvil afuera de la Universidad Mesoamericana en Tabasco cuando llegó un grupo de militares, quienes pidieron a los activistas sus identificaciones; no está claro bajo qué sospecha los interrogaron.

Luego, los miembros del Ejército llamaron a la Policía Estatal, quienes junto a los militares formaron un cerco de vehículos alrededor de los activistas, hasta pasadas las 9:00 horas (local).

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Periodistas censurados y la simulación democrática de Felipe Calderón

Para muchos analistas la transición democrática en México inició a partir de la alternancia en el poder durante el año 2000, para algunos otros estudiosos de la esfera política la transición comenzó con las reformas político-electorales desarrolladas a partir de 1977. La transición democrática es una temática que hasta ahora no ha logrado un consenso entre académicos e investigadores, no obstante, esta interesante reflexión sobre la génesis de la democracia en México la pospondremos para otra ocasión; el tema que nos ocupa es el señalar qué hace a un país ser democrático.

La libertad de expresión, el derecho a la información y a la seguridad son parte integral de un régimen digno de nombrarse democrático, de lo contrario, estaríamos ante un escenario de simulación o ante una dictadura en el peor de los casos. En México, la situación es sumamente crítica en este sentido, los asesinatos y desapariciones forzadas de periodistas son una constante a lo largo y ancho del país, el Gobierno Federal en los hechos considera la protección a comunicadores como un tema secundario de sus improvisaciones en materia de seguridad.

Un derecho tan básico como la libertad de expresión y que no pueda ser garantizado por las autoridades mexicanas, lanza un grito a los cuatro vientos que manifiesta la incompetencia y omisiones de quien dice cumplir el mandato ciudadano. La ausencia de dictaduras civiles o militares no es lo que hace a un país ser democrático sino una serie de valores, derechos y libertades que en conjunto construyen un ambiente social democrático y de sana convivencia, sin embargo, en México el grado de simulación y de cinismo es tal, que las autoridades federales escatiman los recursos destinados a la protección de periodistas.

Se suma a nuestra ya de por sí deteriorada imagen ante la comunidad internacional el hecho de ser uno de los países con alta peligrosidad para desarrollar la actividad periodística. México se ubica por arriba de países como Pakistán, Irak, Rusia y Colombia que también sufren los embates del terrorismo y crimen organizado.

En la República mexicana los diarios locales y las radios comunitarias resultan ser los medios más propensos a la violencia por efectuar labores periodísticas; de acuerdo a un informe emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del año 2000 a julio de 2011 se han registrado 71 asesinatos a informadores y a ello sumémosle la cifra de desaparecidos.

La Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exhortado en innumerables veces al actual Gobierno Federal para que considere otras medidas que realmente protejan los derechos de periodistas, sin embargo, la administración calderonista, para no perder la costumbre, hace de las recomendaciones emitidas por instancias internacionales, papel sanitario para la residencia oficial de Los Pinos, manifestando su insensibilidad para atender la dureza que tal problemática exige.

La impunidad en los delitos cometidos contra periodistas otorga luz verde a los criminales para continuar realizando sus infamias, desde luego, un escenario de tales magnitudes sólo es posible si se cuenta con la complicidad de las autoridades, de lo contrario, sería prácticamente inimaginable que un hecho de esa naturaleza sucediera. Diversas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y de protección a periodistas han señalado abiertamente la corrupción que priva en las instituciones de procuración de justicia.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas (FEADP), órgano dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), se instauró para dar seguimiento a los delitos en contra de los informadores, empero los resultados de tal fiscalía han dejado mucho que desear debido a que no cuentan con la capacidad institucional para atender los crímenes de forma eficiente. En realidad la FEADP hasta ahora no es más un elefante blanco que se suma los “logros” de los gobiernos neoliberales panistas.

Los expedientes de la impunidad en México

En la Sierra de Zongolica, Veracruz tuvo lugar uno de los sucesos que exhibieron el grado de cinismo, impunidad y abuso de poder al que hemos llegado como país a causa de las acciones disparatadas en materia de seguridad por parte del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. En febrero de 2007, un campamento militar se instaló en la sierra veracruzana, cinco días después de aquél hecho, Ernestina Ascencio, indígena de 73 años de edad, fue violada brutalmente por elementos del Ejército mexicano, de acuerdo a las últimas palabras pronunciadas por Ernestina que fueron escuchadas por su hija Marta.

Alfredo Ascencio y Marta, sobrino e hija de Ernestina, manifestaron ante las autoridades el deplorable estado de salud en el cual fue encontrada la indígena entre tierra y musgo, sin embargo, tanto la Presidencia de la República como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y  la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se mostraron escépticos por las declaraciones de los familiares de la indígena septuagenaria. “Los soldados se me vinieron encima y me amarraron los pies y las manos”, fueron las últimas palabras que Ernestina le compartió a su hija.

De acuerdo a las primeras indagaciones sobre el caso de la indígena veracruzana, ésta presentaba moretones a la altura de los muslos y el informe inicial que emitió la ginecóloga que diagnóstico a Ernestina, registró lesiones graves y sangrado en genitales, así como lesiones internas producto de una violación vía anal. Si bien es cierto que las investigaciones del caso continuaron por autoridades federales, la fiscalía especial de la procuraduría veracruzana y la CNDH, lo cierto es que el dictamen final del órgano defensor de los Derechos Humanos, concluyó que la indígena falleció a causa de una “gastritis crónica no atendida”.

Juan Pablo Mendizábal, médico forense que realizó la primera necropsia a la mujer, fue removido de su cargo, después de 23 años de servicio, por “contaminar” las pruebas recogidas del cuerpo de la indígena que confirmaban que la anciana falleció por las brutalidades cometidas en su contra. Asimismo, meses posteriores, se realizó una exhumación al cadáver de Ernestina que revalidaron las acusaciones del delito de violación sexual.

Cabe señalar que, durante la investigación del caso se desecharon varias declaraciones de conocidos familiares y vecinos de Ernestina, debido a que se trataba de “testimonios de oídas” que no aportaban nada para los avances de las indagaciones. Así pues, el caso se cerró y fue archivado en los expedientes de la impunidad que caracterizan a este desgraciado país en materia de Seguridad y Derechos Humanos.

Debido al impacto nacional que provocó el caso de Ernestina Ascencio, el propio Felipe Calderón se refirió al tema ratificando lo ya expuesto por “la investigación” que dio por muerta a la indígena a causa de una gastritis crónica no atendida. La negación por parte de la administración calderonista de reconocer la violación perpetrada contra la anciana indígena se debió más que al encubrimiento de las Fuerzas Armadas a no querer reconocer los altísimos costos de su malograda política de seguridad, que quizá no debiéramos darle el calificativo de “estrategia”, debido a que no existe ninguna, sólo tímidas e insuficientes medidas de alguien que se lanzó como el borras a combatir a los criminales, sin antes coordinar a los tres niveles de gobierno y a los tres poderes que componen nuestra federación, lo cual muestra la incapacidad de lograr acuerdos.

Lo cierto es que, tal hecho demostró las insensibilidades y complicidades de un gobierno que toma decisiones unilaterales en materia de seguridad, como en muchos otros rubros de nuestra vida nacional. Sin duda, el gobierno de Felipe Calderón será recordado como uno de los sexenios más detestados de la Historia de México

Fuero militar: ¿Inmunidad o impunidad?

El año pasado la CIDH emitió sentencia condenatoria en contra del Estado Mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla hace, aproximadamente 36 años; sin embargo, el Estado ignoró las recomendaciones de la Corte Internacional que establecía el acotar el fuero militar para evitar abusos a las garantías individuales de los ciudadanos mexicanos. Un dato a destacar es que, la mayoría de las legislaciones en los países de América Latina se encuentran reglamentadas hasta el punto en que entra en acción el fuero militar.

Sin embargo, ¿qué contempla el fuero militar?, tal disposición se refiere a las violaciones del Código Militar por parte de los elementos castrenses. Si soldados y marinos en servicio activo incurren en algún delito que violente los Derechos reconocidos universalmente a los seres humanos, los elementos de las Fuerzas Armadas son juzgados en tribunales militares independientemente del delito cometido y se les hace acreedores a una “sanción” dictada por el aparato burocrático militar.

Asimismo, en el 2010, Felipe Calderón envió al Congreso una iniciativa para reformar la parte conducente al fuero militar en el Código de Justicia castrense. No obstante, dicha iniciativa era parcial e insuficiente a las exigencias tanto de la sociedad civil como de los tratados internacionales firmados por el Estado en materia de Derechos Humanos. La reforma calderonista sólo contemplaba juzgar en tribunales civiles las desapariciones forzadas, torturas y violaciones sexuales, de tal modo que, homicidios y vulneraciones a las garantías reconocidas en nuestra Constitución Federal no se  tocaban en la minuta enviada desde Los Pinos.

En múltiples ocasiones, Felipe Calderón ha reiterado que el pueblo mexicano se encuentra en deuda con nuestras Fuerzas Armadas, debido a su lealtad,  fidelidad a la patria y la seguridad de la nación, empero, quien realmente se halla en deuda no sólo con la sociedad civil sino con el Estado en su conjunto, incluyendo al Ejército y la Marina, es sin duda alguna, Felipe Calderón en su papel de Presidente de la República. En primer lugar, por desprestigiar la imagen de las instituciones encargadas de salvaguardar los intereses de la nación y, en segundo término, por no sólo permitir, sino también proteger a los militares que incurren en violaciones a los Derechos Humanos.

El fuero militar en la lógica del Estado Mexicano, resulta inadmisible en el marco del Derecho Penal Internacional, porque de alguna manera se permite encubrir delitos que ejemplifican la impunidad reinante en el país y mediante ésta alentar el quebrantamiento de nuestro de por sí frágil Estado de Derecho.

Sin duda, la resolución dictada por la Suprema Corte obligará a Felipe Calderón, lo quiera o no, a replantear su estrategia de seguridad y replantear la actuación de las Fuerzas Armadas ya que no sólo ha puesto en riesgo el respeto y la reputación de militares y marinos, sino también la gobernabilidad de nuestro país por sujetarse dogmáticamente a una política que ha cosechado más costos que beneficios a la nación.