Calderón pretende imponer un Estado represivo y militarizado

Felipe Calderón continúa demostrando que su falta de legitimidad lo obliga a tomar los caminos de la instalación de un sistema represivo, y militarizado que funcione como contención de los movimientos y opiniones diferentes a las que representa su fallido proyecto nacional y de Estado.

Por la mañana envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, que autoriza detenciones “en caso de urgencia” e incorpora un sistema de “investigación sin autorización judicial”, que incluye el cateo de domicilios por denuncia anónima, revisión de personas y vehículos, reconocimiento de personas, aportación de comunicaciones entre particulares y conformar un cuerpo de “agentes infiltrados”.

La iniciativa incorpora cambios al sistema de justicia penal para que los juicios sean orales, se videograben y sean públicos, excepto en casos de secuestro y que la víctima corra peligro; para que a un detenido acusado de delito se le tratará como inocente hasta que se le pruebe lo contrario y en esa etapa se le considerará imputado.

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Mexicanos, que sobreviva el que pueda

La seguridad en México, siempre ha sido un tema sumamente importante para la vida cotidiana, al ser un país con múltiples problemas sociales, tales como: la pobreza, el desempleo, la carencia de oportunidades, movilidad social, etc, es caldo de cultivo para diferentes manifestaciones de descontento social y una de esas es la violencia y la delincuencia. Desde la época colonial, la desigualdad en México, se plasmó de la manera más deplorable, la división de razas y castas, propició que las sociedades prehispánicas, culminaran con un sistema social mucho mejor distribuido que el europeo, y se viese obligado a ser parte de la miseria. Gran parte de la violencia que nuestro país vivió y vive, es debido a los problemas económicos que no han dejado progresar a esta gran nación.

En los tiempos actuales, la delincuencia se ha disparado, ya no hay zonas del país que puedan jactarse de ser seguras, la pobreza que atañe a los mexicanos y las malas decisiones que estos gobiernos han ejecutado, ha provocado que los grupos delictivos crezcan de manera impresionante, incluso, se podrían contar como ejércitos bien preparados y mejor equipados que las fuerzas del orden nacional.

Desde el año 2000, los problemas en materia de economía fueron muy complicados y más, porque ocurrió el ataque a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Este hecho, provocó un clima de inestabilidad y de terror en todo el mundo, tal estado de miedo, propició que cualquier persona no blanca fuera tomada por un peligro para la seguridad estadounidense, y por desgracia, al ser frontera con ellos, nos tocó la peor parte.

Esta situación, hizo que las economías cayeran, y sí la economía de Estados Unidos  cae, la nuestra  muere o al menos, agoniza. Los sistemas de seguridad estadounidenses, se volvieron mucho más complicados para burlar en la frontera, de esta manera, fue mucho más complicado hacer que los migrantes cruzaran de manera ilegal por la línea divisoria entre los dos países y por obvias razones, el tráfico de droga por la misma vía, se  complicó bastante.

Aunado a esta situación, desde que en el 2006, Felipe Calderón tomó protesta como Presidente de la nación, su primer acto de gobierno, fue la declaratoria de “guerra” en contra de los Cárteles de la droga y el incremento del sueldo de los militares en un 100%;  esto, ya se veía mal.  Recordemos la imagen tan simpática de Calderón, paseándose por el campo militar con una casaca del ejército, misma que le quedaba grande, al igual que el puesto de Presidente de la República. Con un militar así, ¿qué miedo  o respeto puede infundir?

Una vez iniciada la guerra contra el narco, la escalada de la violencia explotó a niveles nunca antes vistos en la vida reciente en México. El desmantelar los grupos delictivos es, según Calderón, el objetivo y el deber que como mexicano debe de hacer.

Desde el inicio de esta cruzada, la violencia ha dejado un marcador favorable a la delincuencia  de  40 000 muertos, a diferencia de ningún resultado visible que justifique el actuar del gobierno. Por si fuera poco, estos muertos parecieran convertirse en kilómetros, ya que el Estado  ha perdido zonas enteras a manos de los narcotraficantes, muchas “plazas” del norte de la República, son controladas por el crimen organizado, o en el sur, el estado de Michoacán, controlado por “La Familia”.

Tantos fallecimientos de manera violenta, sin tener nada que ver en los conflictos, niños, mujeres, ancianos causan el descontento general, debido a tratarse de una batalla tan innecesaria, habiendo metodologías más factibles para atacar a la delincuencia, y no hablo de atacar el mundo financiero de los grupos, no, aunque sería lo ideal, pero no se desconoce porque no  lo hace el gobierno. La mejor forma de combatirlo, es con mayor y mejor educación, dando más oportunidades de ascenso social, por medio de la educación, no permitiendo que nuestros jóvenes vean  la delincuencia como salida a sus problemas, sino como una forma vil y carente te valor para vivir. Haciendo lo que se supone que un gobierno debe de hacer y por lo cual existe. Brindar paz, seguridad y bienestar a su pueblo, sí un Estado no puede o lo que es peor, no quiere dar esto a su sociedad, es un Estado fallido, no hay autoridad, no hay Estado.

Es una lástima que se tenga que hablar de estos temas y peor aún, que los notemos con tanta naturalidad, ya que no nos asusta tanta violencia, ¿Qué le pasa a este pueblo, que ya no llora a sus muertos, qué le pasa a este gobierno que manda a sus ciudadanos al matadero?

Fuero militar: ¿Inmunidad o impunidad?

El año pasado la CIDH emitió sentencia condenatoria en contra del Estado Mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla hace, aproximadamente 36 años; sin embargo, el Estado ignoró las recomendaciones de la Corte Internacional que establecía el acotar el fuero militar para evitar abusos a las garantías individuales de los ciudadanos mexicanos. Un dato a destacar es que, la mayoría de las legislaciones en los países de América Latina se encuentran reglamentadas hasta el punto en que entra en acción el fuero militar.

Sin embargo, ¿qué contempla el fuero militar?, tal disposición se refiere a las violaciones del Código Militar por parte de los elementos castrenses. Si soldados y marinos en servicio activo incurren en algún delito que violente los Derechos reconocidos universalmente a los seres humanos, los elementos de las Fuerzas Armadas son juzgados en tribunales militares independientemente del delito cometido y se les hace acreedores a una “sanción” dictada por el aparato burocrático militar.

Asimismo, en el 2010, Felipe Calderón envió al Congreso una iniciativa para reformar la parte conducente al fuero militar en el Código de Justicia castrense. No obstante, dicha iniciativa era parcial e insuficiente a las exigencias tanto de la sociedad civil como de los tratados internacionales firmados por el Estado en materia de Derechos Humanos. La reforma calderonista sólo contemplaba juzgar en tribunales civiles las desapariciones forzadas, torturas y violaciones sexuales, de tal modo que, homicidios y vulneraciones a las garantías reconocidas en nuestra Constitución Federal no se  tocaban en la minuta enviada desde Los Pinos.

En múltiples ocasiones, Felipe Calderón ha reiterado que el pueblo mexicano se encuentra en deuda con nuestras Fuerzas Armadas, debido a su lealtad,  fidelidad a la patria y la seguridad de la nación, empero, quien realmente se halla en deuda no sólo con la sociedad civil sino con el Estado en su conjunto, incluyendo al Ejército y la Marina, es sin duda alguna, Felipe Calderón en su papel de Presidente de la República. En primer lugar, por desprestigiar la imagen de las instituciones encargadas de salvaguardar los intereses de la nación y, en segundo término, por no sólo permitir, sino también proteger a los militares que incurren en violaciones a los Derechos Humanos.

El fuero militar en la lógica del Estado Mexicano, resulta inadmisible en el marco del Derecho Penal Internacional, porque de alguna manera se permite encubrir delitos que ejemplifican la impunidad reinante en el país y mediante ésta alentar el quebrantamiento de nuestro de por sí frágil Estado de Derecho.

Sin duda, la resolución dictada por la Suprema Corte obligará a Felipe Calderón, lo quiera o no, a replantear su estrategia de seguridad y replantear la actuación de las Fuerzas Armadas ya que no sólo ha puesto en riesgo el respeto y la reputación de militares y marinos, sino también la gobernabilidad de nuestro país por sujetarse dogmáticamente a una política que ha cosechado más costos que beneficios a la nación.