La ley de víctimas, una víctima más de Felipe Calderón

Hace unos días nos enterábamos de que la Ley de Víctimas, impulsada por organizaciones civiles lideradas por el poeta Javier Sicilia, era vetada por Felipe Calderón, aún después de que el propio senado de la República la aprobara.

De este hecho no queda más que decir que Calderón apuesta por un país plenamente antidemocrático, donde el sistema de poderes simplemente queda sin valor, porque así lo dice el mandamás. Además, es irracional que, por ejemplo, el presidente firme “bajo el agua” reformas visiblemente represoras de la libertad de expresión, como es al ACTA, y una ley fundamental, necesaria y plenamente justificada, como la ley de víctimas, sea rechazada sin más ni más.

La controversia constitucional que envió Calderón al congreso rechazando la dichosa ley, no supone que el proceso legal se detenga, por lo que el Estado está obligado a publicar la reforma en un plazo determinado (que está por acabarse), de lo contrario el proceso vencerá y quedará rezagada, como muchas otras.

Es por ello que la aprobación de la ley de víctimas es urgente y necesaria no sólo por la limitante legal, sino sobre todo porque es una ley que atiende la otra cara de la guerra contra el crimen organizado, aquella que se mantiene fuera del discurso oficial: la de las víctimas inocentes y las familias desamparadas que se dejan atrás.

No resulta sorpresivo que Calderón vede esta ley cuando al aprobarla estaría aceptando que su guerra tiene “efectos secundarios” bastante desastrosos. Lo más preocupante es que es la misma sociedad civil la que se lo demanda, con el apoyo del congreso, y él de manera autoritaria y por sus propios intereses, la bloquea.

¿No es curioso que el presidente haya aprobado infinidad de reformas y acuerdos en los últimos días, y que al mismo tiempo le de la espalda a una iniciativa ciudadana, racional, urgente y coyuntural? Lo bueno es que en unos meses habrá cambio de planes, sólo esperemos que lo hueco del discurso calderonista no haya convencido a algunos…

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Ley de seguridad nacional licencia para la impunidad de Calderón.

Si el artículo 129 prohíbe la presencia del Ejército en labores que no impliquen disciplina militar en tiempos de paz, y el artículo 21 señala que las instituciones de seguridad pública en el país sólo pueden ser de carácter civil, ¿cómo puede justificar el presidente la presencia del Ejército en la lucha contra el crimen organizado?

Su fundamento es el artículo 89 constitucional, fracción VI, que le otorga la facultad de disponer de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad interior y la defensa exterior. ¿A qué se refiere la Constitución con “seguridad interior”? Ahí se encuentra la parte sustancial del debate.

Ante la falta de una definición clara, el gobierno redactó dos decretos que buscaban reglamentar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Estos decretos fueron publicados en el Diario Oficial el 9 de mayo10 y el 17 de septiembre11 de 2007. Planteaban la creación de un cuerpo especial, dentro de las Fuerzas Armadas, que apoyara a las autoridades civiles en tareas de seguridad pública.

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Senado despenaliza calumnia e injuria. Calderón demanda a activistas por esa vía.

El día de hoy el Senado de la república aprobó eliminar los artículos 1° y 31° de la Ley  sobre Delitos de imprenta, para despenalizar los delitos de difamación, calumnias e injurias.

El aval del pleno de la cámara Alta se da para “armonizar” la citada Ley con el Decreto por el cuál se derogan diversas disposiciones del código penal federal y se adicionan diversas disposiciones al Código Civil Federal publicado el 13 de abril de 2007 en el Diario Oficial de la Federación.

En términos más comunes lo que se cambió al eliminar dichos artículos fue la forma como se entiende la libertad de expresión y la forma como se entiende el ejercicio periodístico sobre todo en un contexto de precampañas y campañas electorales, en que seguramente los medios de comunicación harán explícita su opinión respecto de alguno de los candidatos de la contienda presidencial del años que viene.

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Los Aguinaldos Millonarios de nuestros queridos funcionarios.

Como  todos sabemos en México reina la desigualdad en muy diversos sectores, y los privilegios de la burocracia, pero sobre todo de la alta burocracia son exorbitantes, sus sueldos son más altos que en muchos de los países más ricos del mundo, diametralmente opuesto a la calidad de sus acciones y a la ineficacia en la que voluntariamente mantienen a nuestro país para seguir chupando la sangre del presupuesto como vampiros carroñeros.

Por su puesto algunos funcionarios de la baja burocracia, así como trabajadores de cualquier rubro merecen por ley un buen aguinaldo, sin embargo, hay de aguinaldos a aguinaldos, por ejemplo, los de las secretarías de Estado, el IFE, San Lázaro, el Senado, Presidencia, SCJN, CNDH, ASF, Inegi, CJF o el TEPJF.

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Larrazabal el señor de los quesos podría ser Senador en 2012.

Ahora resulta que el alcalde de Monterrey Fernando Larrazabal, mejor conocido como el señor de los quesos ¿lo recuerdan? si, aquel que mando a su hermano a vender quesos de miles de dólares a casinos, cuyos establecimientos como el del Casino Royal, no contaban con las mínimas medidas de seguridad para asegurar la tranquilidad de los clientes que los visitan.

Pues sí, ese sucio personaje es el que hoy está en proceso de ser absuelto por la Comisión de Orden del Consejo Nacional del PAN al resolver la solicitud de sanción que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido solicitó en su contra hace dos meses por desacato.

El órgano del PAN determinó que no está bien fundamentada la sanción que el CEN pedía para que se le retiraran sus derechos como militante por tres años, señalaron fuentes extraoficiales al periódico Reforma.

Según destaca el diario, al no ser sancionado, el actual alcalde de Monterrey está en posibilidades de buscar alguna candidatura en el próximo proceso electoral del 2012, en el que se le menciona como posible aspirante al Senado.

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