A dos años del atropello que extinguió Luz y Fuerza; el SME sigue en lucha

La noche del 10 de octubre y las primeras horas del domingo 11, hace exactamente dos años miembros del Ejército y de la Policía Federal penetraron por asalto a las oficinas e instalaciones del organismo público  hoy extinto Luz y Fuerza del Centro. Lo hicieron antes de que fuera impreso el Diario Oficial de la Federación donde insólitamente (la madrugada de un domingo) apareció un decreto presidencial, el que dio por terminadas las funciones de la antigua compañía eléctrica. Se trató, por consiguiente de una acción ilegal, del robo y despojo de una gran cantidad de bienes que pertenecían a una empresa pública con personalidad jurídica y patrimonio propio.

La SSP pagará 861 millones de pesos en la adquisición y adaptación del edificio. Los recursos para el traslado de dominio servirán para cubrir gastos y costos pendientes por la extinción de la empresa, que a dos años de su realización es un enorme fracaso, digamos que semejante, aunque con una dimensión y unas consecuencias mayores que las de la Estela de Luz, que debe ser dedicada ya no a la recordación patriótica para la que fue planeada, sino a tener presente la impudicia y abuso con que pueden ejecutarse obras públicas.

Desde que fue adquirida por el Gobierno Luz y Fuerza enfrentó el designio de su desaparición. Se estimó prudente, mediante diversos pasos y plazos, fundirla con la Comisión Federal de Electricidad, que a lo largo de casi 40 años además de su propio crecimiento aumentó sus operaciones mediante la absorción de pequeñas empresas eléctricas. Un factor que impidió la adopción de una medida de ese largo alcance fue la actitud del Sindicato Mexicano de

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A dos años de la represión y…… ¿Una empresa de clase mundial?

24 meses de distancia en la que el genio y brillante Felipito Calderón dio la orden para extinguir a Luz y Fuerza del Centro, las consecuencias han sido graves y dejaron al descubierto la arrogancia del Presidente de México, lo poco que le importó el haber dado un golpe certero y cobarde a una empresa de propiedad pública, con toda una historia y un respeto a una organización sindical en México.

Le valió el abusar de los derechos laborales y dejar sin empleo a miles de trabajadores, le importó nada que muchas personas más se unieran al descontento de está vil decisión y que todavía al puro estilo animal se “pavoneara” con su estupidez.

Dos años de lucha que no para, porque todos saben que la causa es correcta y que no se puede pasar por alto ese atropello, no se puede dejar impune los actos de delincuentes de cuello blanco que solo buscan enriquecerse a costa del pueblo sin que nada se interponga y si es así lo borran del mapa al precio que sea, el objetivo siempre fue claro…..somos el gobierno y aquí se hace lo que nosotros queremos.

El costo de este abuso ha sido muy alto, entre liquidaciones a ex trabajadores que suman alrededor de 12 millones de pesos, diez mil millones para que la otra empresa asumiera el control de LyF y para que supuestamente el servicio tuviera mejoras. Hablando de eso, se supone que con la decisión de extinguir LyF llegaría al mando CFE (Comisión Federal de Electricidad) para llevar el servicio a toda la Leer más de esta entrada

La farsa de pro víctima. Ya muertos 50 mil a tapar las narcofosas

Otro acto más de hipocresía del gobierno de Calderón se ha llevado a cabo este día con la inauguración de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas PRO VICTIMA; si bien una institución de esta naturaleza tiene una razón muy importante para existir en la coyuntura actual es demasiado tarde en la cronología de este violento sexenio.

A pesar de que el principal culpable de que hoy existan más de 50 mil víctimas de la narcoguerra, sin contar a los desaparecidos El pitufo Felipe Calderón tiene la desfachatez de declarar que está preocupado por la cantidad de desapariciones que existen en el país e insistió en sus invectivas contra los criminales sin escrúpulos que pretenden vivir a costa de los mexicanos de bien, expresiones ya frecuentes en sus discursos.

Sin víctimas presentes, aunque acompañado por la elite conservadora que se apropia de forma ilegítima la representación ciudadana, Calderón Hinojosa inauguró la Procuraduría Social de Atención a Víctimas (Pro víctima), cuyo edificio sede está ubicado en la colonia Del Valle de esta ciudad.

Acompañado por María Isabel Miranda de Wallace, Alejandro Martí y María Elena Morera, el Ejecutivo federal conminó a los ciudadanos a ir más allá del reclamo y transformar su indignación en propuestas viables, traspasando la línea ideológica.

El llamado presidencial ocurrió luego de que, en su intervención, María Elena Morera dijo esperar que Pro víctima realmente funcione y no vaya a quedar en el papel o en “una burda simulación”, como pasó con el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, signado por actores políticos y sociales en 2008.

La activista dirigente de la organización Causa Común es integrante del Consejo Consultivo de Pro víctima, del que también forman parte Alejandro Martí, de la Fundación SOS, y María Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro.

En su mensaje, Morera advirtió también que, los representantes de la sociedad civil, no estaban en el Consejo de Pro víctima para legitimar una acción de gobierno, sino para representar los intereses de los afectados.

En el acto, el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, dijo que la creación de Pro víctima atiende una exigencia ciudadana, algo en lo que el propio Calderón puso énfasis en su intervención, lo cual parece ser más bien, una estrategia electoral más que una verdadera atención a las peticiones de la sociedad.

Pro víctima tendrá como objetivo que los afectados reciban atención médica y psicológica; asesoría jurídica y defensa legal gratuita; buscar personas desaparecidas por criminales; recibir y sistematizar la información de las víctimas del delito; proponer instrumentos y programas para generar reformas y coordinarse con otras instituciones, poderes y órdenes de gobierno.

En el inmueble se ubicarán equipos de atención de las dependencias federales relacionadas con el ámbito de la seguridad, como las secretarías la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Función Pública y Procuraduría General de la República (PGR).

Al frente del organismo, Calderón designó a Sara Irene Herrerías Hurtado, quien hasta hace poco se desempeñó como fiscal especial para la atención de víctimas de trata en la PGR.

Es un hecho una institución del Estado con esas atribuciones es necesaria en la coyuntura actual pero la verdadera intención que el PAN y Felipe Calderón tiene con su creación atiende más a intentar lavarse de sangre las manos, y callar el dolor que ha generado decenas de miles de personas con su estrategia violenta y en muchos sentidos fallida de combate al narcotráfico.